26 / septiembre

Soledad Jarquín, Premio Nacional de Periodismo por el caso Castaños, afirmó que la política del Gobierno mexicano al enviar militares a poblaciones civiles con diversos pretextos favorece la impunidad de que gozan miembros del Ejército Mexicano a la hora de realizar acciones, ya sea en combate a la delincuencia organizada o en tareas de persecución y represión, pues cometen violaciones sexuales a las mujeres y el cuerpo femenino se convierte en un botín de guerra.

Sostuvo que la legislación mexicana aplica medidas de excepción cuando los militares cometen delitos comunes, prohibidos por la Constitución y considerados de origen civil, por lo que todos los casos los juzga el propio ejército.

Y pese a la prohibición que impide a los militares ser juzgados en forma extraordinaria y los acuerdos internacionales que los Estados Unidos Mexicanos han signado, hay una larga lista de agravios a mujeres, las cuales van desde violencia sexual hasta el asesinato.

DENUNCIAS, PERO NO RESPUESTAS

En los hechos ocurridos en distintas épocas en Oaxaca con las comunidades Triquis, hubo denuncias pero no respuestas, y las sufridas por las zapotecas de Loxicha, no originó ninguna denuncia.

La también editora de Las Caracolas, una publicación semanal especializada en la condición de las mujeres, llevó a la Conferencia una amplia información de cómo en México, a pesar de la intervención de organismos internacionales, se mantiene la impunidad.

Esta es la primera vez que una periodista comparte en temas y discusiones con personajes como Louise Albur, ex comisionada de la violencia contra las mujeres de Naciones Unidas y con ponentes de 12 países, donde la guerra, los Estados conflictivos y la desigualdad de género son temas de esta conferencia que concluye el 26 de septiembre.

Soledad Jarquín, quien es corresponsal de esta agencia de noticias y responsable de la oficina en Oaxaca, participó en el segmento especial sobre La delincuencia y el mantenimiento de la paz: los retos en la (re) creación del Estado, la legislación y la protección de los derechos humanos en sociedades que viven conflictos.

Planteó el grave problema de México en estos días, dijo que por un lado "tenemos a un ejército patrullando las calles en una postura que no es totalmente apegada a derecho, según el Artículo 129 de la ley suprema mexicana y, por el otro lado, las mujeres agredidas —como los hombres— se están enfrentado a otras "excepciones" que dan impunidad a los integrantes de las fuerzas armadas mexicanas.

Por ejemplo, en Chiapas, hace 13 años tres mujeres indígenas fueron violadas por un grupo de militares apostados en Altamirano, un pueblo que da entrada a la zona de Las Cañadas, donde opera el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Este caso, profusamente documentado, con denuncia y seguimiento jurídico, llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH. Sin embargo, hasta ahora no hay un solo soldado detenido.

De la misma manera sucedió años después con al menos tres mujeres de Guerrero.

VIOLACIONES Y ASESINATOS EN LOS LOXICHAS

Soledad Jarquín narró parte de su amplia investigación en una zona de Oaxaca conocida como los Loxichas, donde el pretexto ha sido, desde 1956, el que en esa zona existen posibilidades de guerrilla.

Sólo en esa región se han documentado más de 50 atropellos, violaciones e incluso asesinatos de mujeres, sin justicia ni investigación. En algunos casos, explicó, ni siquiera hubo denuncias.

Se supone que los casos fueron "juzgados" por la justicia militar, pero ningún soldado recibió castigo.

Luego se refirió al caso de Castaños, en Coahuila, como el único que se logró llevar a la justicia del fuero común a ocho de 20 soldados que participaron. 12 fueron denunciados, ocho detenidos, uno absuelto en un juicio de una semana, y tres más permanecen prófugos hasta ahora.

Sin dramatismo, Soledad Jarquín planteó que la presencia militar tiene costos económicos, sociales y ambientales exagerados, no resuelve y sí agrava la problemática que dio origen al conflicto en Chiapas.

Luego dijo que un rasgo común en todas las agresiones de militares contra mujeres ha sido la impunidad. Según el recuento de los hechos, dijo, muchos casos fueron documentados sin querer por las propias autoridades judiciales.

Lo cierto, dijo, parafraseando a un grupo de luchadores sociales de la región Triqui que: "El papel que el Ejército ha tenido, es el de asesinar, violar a las mujeres, quemar sus casas y robar, con el pretexto de hacernos aparecer como "gavilleros", "robavacas" y "delincuentes".

Relató enseguida que Soraya Long, directora regional el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), hizo notar, para el caso de las tzeltales de 1994 que "Los militares tienen el caso desde hace 13 años y siguen pidiendo diligencias, y precisó que en este caso tenemos una controversia con el Estado mexicano, ya que hasta el día de hoy se ha negado a cumplir lo estipulado por la CIDH, pero simplemente la ha dilatado hace una década.

Agregó que el Gobierno mexicano ha expresado su compromiso de combatir todas las violaciones de derechos humanos, quienesquiera que sean sus autores. Sin embargo, no ha tomado medidas para restringir jurídicamente la jurisdicción militar, dejando así que siga siendo uno de los principales obstáculos para poner fin a la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar.

LA CONFERENCIA EN SAN DIEGO

En esta Conferencia se ha considerado que el proceso de creación de la seguridad humana debe implicar la superación de la exclusión de las voces de las víctimas y los sobrevivientes, especialmente a las mujeres.

Los trabajos se centraron en lo que debe ser priorizado por los gobiernos y activistas para integrar la justicia de género en los procesos de paz que garanticen la seguridad humana.

Con más de 30 ponentes y participantes, se busca en la Conferencia dar respuesta a crecientes pruebas que indican cómo la violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente la violencia sexual —que incluye pero no se limita a la violación— es un ejemplo de una táctica utilizada no sólo como un medio para perseguir a la guerra, sino también de la perpetuación de profunda inseguridad más allá del final o presentación oficial de algún conflicto.

El relato pormenorizado de Soledad Jarquín, centrado en las contradicciones entre lo que dice la ley y lo que se hace, la llevó a señalar que México no es distinto a otros países pese a su "tradición pacifista". Igual que en otras naciones del mundo, cuando estallan los conflictos, el cuerpo femenino se convierte en campo de batalla

Los cuerpos de coerción se distinguen porque muchos violadores pertenecen a ellos, el Ejército y las distintas policías. Al privilegio genérico se suman el privilegio y la supremacía del poder militar y policíaco sobre los civiles y la sociedad, sostuvo.

La violación es síntesis de la sexualidad dominante en una cultura que expropia, se apodera y conculca a todas las mujeres su cuerpo y sexualidad erótica y procreadora. La violación es el hito de la cotidianeidad de la mujer —"cuerpo-para-otros"—, dijo citando a las especialistas.

Y agregó que el cuerpo de las mujeres es considerado "botín de guerra", porque en el patriarcado es un objeto. Entonces se ejerce sobre ellas la violación como una forma de venganza contra el enemigo, se les menoscaba y se les humilla. Y propuso al final: lo que se tiene que generar es una conciencia cívica, buscar que las mujeres actúen de manera colectiva, de esta manera la resistencia del Estado para aceptar su responsabilidad sería más difícil.

ROTATIVO de Querétaro