15 / agosto

A los zapatistas nada les ha sido fácil, ni nada les ha sido regalado. Lo logrado ha sido gracias a un enorme esfuerzo y a una alta cuota de sacrificio de sus integrantes. Mayor significación tiene cuando sus logros se han producido en medio de condiciones difíciles y complicadas.

Desde los primeros años en que desarrollaron su trabajo, tanto en el frente de masas como en la organización clandestina, se formaron al amparo de una convicción: “mandar obedeciendo”. Los años anteriores al levantamiento les permitieron consolidar una fuerte presencia en comunidades, muchas de las cuales se reconocieron zapatistas. La estrategia en su formación guerrillera puso distancia frente a métodos utilizados por otras guerrillas para allegarse fondos mediante secuestros o acciones que caen en el terreno delictivo y que han sido rechazadas por la opinión pública.

La apuesta zapatista de construir una base social organizativa como sustento fundamental de la acción armada, financiada con los modestos recursos de sus integrantes, ha sido el distintivo que ha alejado al zapatismo de cualquier acción que lo vincule con acciones terroristas que pudieran justificar la acción represiva del Estado mexicano. El levantamiento zapatista fue caracterizado por la primera Cocopa como “expresión de una insurrección comunitaria, producto de causas fundadas que lo originaron”.

La irrupción zapatista en el escenario nacional trajo modificaciones sustantivas. Las subsecuentes reformas electorales al primero de enero de 1994 fueron realizadas por una demanda de la sociedad mexicana, pero también por el reconocimiento tácito a la justeza de los reclamos zapatistas. Tal vez esto no quiera ser reconocido por los partidos políticos, pero el levantamiento armado contribuyó a la creación de un nuevo escenario electoral y a una redistribución del poder político. Hoy el modelo electoral mexicano dista mucho de ser el mejor y más adecuado para los mexicanos, pero es muy diferente al de antes de 1994.

El diálogo entre el EZLN y el gobierno federal estuvo amparado por una Ley para el Diálogo, cuya fortaleza radica en expresar la voluntad de las partes, sobre todo de la sociedad mexicana, que desea una solución de fondo a la problemática planteada por los zapatistas, por vía de la negociación. El EZLN puso su parte, el Estado Mexicano incumplió los compromisos contraídos en San Andrés. Aunque el estatus del diálogo que ampara la ley vigente es de “suspensión”, no de “ruptura”, la reanudación de esta vía tendrá que pasar por el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, cuyo contenido principal ha hecho suyo la Organización de Naciones Unidas.

Luego de la suspensión del diálogo y desde antes, en un doble discurso el gobierno, mientras decía querer dialogar, apoyaba una estrategia de contrainsurgencia y acorralamiento de las fuerzas zapatistas. Expedición de títulos agrarios, habilitando a campesinos como ejidatarios en tierras ocupadas por los zapatistas, encarcelamiento de líderes y bases de apoyo zapatistas, matanzas indiscriminadas, fomento de las deserciones y el paramilitarismo, ofrecimiento de apoyos oficiales a cambio de renuncias públicas al EZLN, minimización del conflicto, campañas mediáticas antizapatistas fueron, entre otras, acciones que dominaron el escenario chiapaneco durante el mandato del presidente Ernesto Zedillo y los varios gobernadores interinos que Chiapas tuvo durante ese sexenio.

En medio del hostigamiento, el zapatismo tuvo la capacidad de salir adelante y perfilar una nueva iniciativa política a principios de 2001, mediante la marcha exitosa que culminó con la presencia de los zapatistas en la tribuna del Congreso de la Unión, donde el debate entre los legisladores traspasó las fronteras de las formalidades parlamentarias para ubicarse en un terreno donde el elemento principal que introdujo la petición zapatista para hacer uso de la tribuna de San Lázaro no radicaba en que fuera un asunto de normatividad legislativa, sino en otro mucho más profundo que cuestionaba al actual modelo de la democracia mexicana, la cual aún no incluye a todos los mexicanos, en este caso a los pueblos indígenas.

A pesar del éxito de la marcha y las expresiones públicas del presidente Fox, la culminación del proceso legislativo que dictaminó la iniciativa de ley indígena produjo un resultado ajeno a lo pactado en San Andrés Larráinzar, con una reforma constitucional que hizo a un lado el arduo proceso de negociación entre las partes. El nuevo escenario permitió que de nueva cuenta los zapatistas sacaran la creatividad que los ha caracterizado con las juntas de buen gobierno como una nueva forma de organización que este año cumple un lustro de actividades sostenidas mediante un método de trabajo que ha permitido procesar diferencias, definir esquemas de trabajo y vincularse organizadamente entre los miembros y quienes no lo son.

Los miembros de las juntas de buen gobierno se van rotando entre los integrantes de la comunidad, y han entendido que el servicio que brindan no significa obtener privilegios individuales, pero fortalece la integración comunitaria que permite sentar las bases para el desarrollo de los pueblos. Esta experiencia es un nuevo modelo en la toma de decisiones del que hay mucho que aprender y mucho que saber.