2 / febrero

Los últimos informes muestran que el número de personas que viven en "pobreza alimentaria" (la incapacidad para adquirir la canasta básica de alimentos) aumentó de 18 millones en 2008 a 20 millones a finales de 2010. Alrededor de un quinto de los niños mexicanos sufren de desnutrición. El Instituto Nacional de Nutrición estimaba el 18 de octubre de 2011 en 728.909 el número de niños menores de cinco años desnutridos. Las estadísticas del gobierno informan que el 25% de la población no tiene acceso a los alimentos básicos (1). Desde la crisis alimentaria de 2008, ha habido un aumento del 3% de la población sin acceso adecuado a los alimentos. Los recién nacidos muestran los mayores índices de desnutrición, lo que indica que la tragedia comienza con la salud materna.

El dramático cambio en los hábitos alimenticios de México desde que se aprobó el TLCAN no sólo se refleja en los millones de personas que se acuestan con hambre. En el lado opuesto de la escala, México se ha convertido en tan sólo una década y media en el segundo país del mundo en obesidad mórbida. El primero es EEUU. La obesidad infantil, sobrepeso y diabetes constituyen en la actualidad los principales problemas de salud, junto con el problema más tradicional del hambre.

No es que los ricos se hagan demasiado gordos y los pobres muy delgados. La gordura ya no representa la abundancia. Son los pobres los que beben Coca-Cola barata cuando no tienen acceso a agua potable o que dan a sus hijos una bolsa de papas fritas cuando los alimentos frescos de la zona ya no están disponibles.

Con otra crisis alimentaria debido al aumento de los precios internacionales, México podría enfrentar disturbios por los alimentos, así como la propagación del hambre y sus consecuencias durante el próximo año. A menos que los disturbios se vuelven violentos o se produzca una convulsión social más amplia como lo ocurrió en los países árabes, no es probable que los medios de comunicación le presten atención.

TLC: un modelo de (in)seguridad en los alimentos

Algo ha ido terriblemente mal. La nación que afirmaba entrar en la prosperidad con la firma del TLC se ha convertido en un ejemplo internacional de graves problemas estructurales en la cadena alimentaria, desde la forma en que produce sus alimentos hasta qué y cuánto (o cuán poco) que consume.

La desnutrición de México tiene sus raíces en la firma del TLC y otros programas neoliberales que han obligado a la nación a alejarse de la producción de alimentos básicos para su propio modelo de "seguridad alimentaria". "La seguridad alimentaria" afirma que un país es seguro, siempre y cuando haya suficientes ingresos para importar sus alimentos. Separa de empleo no agrícola de la seguridad alimentaria y hace caso omiso de la desigualdad de acceso a los alimentos dentro de un país.

La idea de la seguridad alimentaria basado en el acceso al mercado proviene directamente del principal argumento sobre las "ventajas comparativas" del TLCAN. En pocas palabras, la eficiencia económica exige que cada país debe dedicar su capacidad productiva a lo que mejor sabe hacer y liberalizar el comercio transfronterizo. Bajo la teoría de la ventaja comparativa, la mayor parte de México fue considerado no apta para producir su alimento básico, el maíz, ya que sus rendimientos estuvieron muy por debajo de la media de su vecino del norte y socio comercial. Por lo tanto, México debe recurrir a las importaciones de maíz y dedicar sus tierras a los cultivos en los que supuestamente tenía una ventaja comparativa, como las frutas de temporada y tropicales y hortalizas. Suena simple. Sólo tienes que eliminar tres millones de productores ”ineficientes” de maíz ineficiente (y sus familias) y trasladarles a la fabricación o ensamblaje, donde su mano de obra barata constituye una ventaja comparativa. Las consecuencias culturales y humanas para estos campesinos y comunidades enteras de obsoletos indígenas no preocupan en esta ecuación.

Diecisiete años después del TLCAN, más de 2 millones de agricultores se han visto obligados a abandonar sus tierras por los bajos precios y el desmantelamiento de los apoyos del gobierno. No encontraron puestos de trabajo en la industria. En cambio la mayoría de ellos pasaron a formar parte de un éxodo masivo como migrantes mexicanos a los Estados Unidos, que se estima en medio millón al año. En los primeros años del TLCAN, las importaciones de maíz se triplicaron y el precio al productor cayó a la mitad.

La conversión a otros cultivos llevó años en la mayoría de los casos. Los precios fueron volátiles y poco confiables las cosechas. En muchas ocasiones no eran cultivos factibles para las pequeñas parcelas, a menudo rocosas que veían en el maíz una garantía para su dieta de subsistencia. El resultado es que sólo creció un 2% la producción agrícola total.

Las áreas que se adaptaron con éxito a la agricultura industrial y los cultivos de agroexportación se caracterizan por una flagrante violación de los derechos laborales de los trabajadores agrícolas migrantes, contaminación generalizada, aguas residuales y la extrema concentración de tierras y recursos.

Para los hambrientos, esto significa que los precios fijados en el mercado internacional determinan quién come y quién se muere de hambre. Los consumidores mexicanos ahora pagan más por las tortillas de maíz y alimentos en general. Los aumentos de precios en el mercado internacional a empujar al alimento básico fuera del alcance de los millones de pobres en el país.

La dependencia de alimentos

En el post-TLCAN, el 42% de la comida que se consume en México proviene del extranjero. Antes del TLCAN, el país gastó 1.800 millones de dólares en importaciones de alimentos. Ahora gasta la friolera de 24.000 millones. En una entrevista, el investigador Ernesto Ladrón de Guevara señaló que en algunos alimentos básicos la dependencia de las importaciones es dramática: 80% en arroz, 95% de la soja, 33% en frijol y 56% en el trigo. Es el primer país del mundo en importación de leche en polvo. El una vez próspero México en el sector lácteo ahora, en virtud del TLCAN, debe importar la leche en polvo de una multinacional vinculada a la crisis de la desnutrición infantil.

México importa el 33% de lo que consume, pasando de 250.000 toneladas antes del TLCAN a los 13 millones actuales. El departamento de Agricultura de EE.UU. estima que si continúan las tendencias actuales México va a adquirir el 80% de sus alimentos de otros países (principalmente Estados Unidos). La FAO, el organismo de la ONU para la Agricultura y la Alimentación, considera que un país es dependiente en cuestión alimenticia cuando las importaciones superan el 25% del total de las exportaciones.

Cara, yo gano; cruz, tú pierdes

La toma del poder corporativo del sistema alimentario de México ha llevado a la catástrofe alimentaria y de la salud. Las empresas transnacionales de alimentos no sólo importan libremente en los mercados de comida mexicana, ahora son los productores, exportadores e importadores, todo en uno, que operan en el interior del país.

Desde el TLC, las empresas han devorado los recursos humanos y naturales en una escala casi increíble. La producción ganadera ha pasado de pequeñas granjas para los mercados locales a Tyson, Smithfield, y Pilgrims Pride. El uso masivo y la contaminación del agua y la tierra ha conducido desastres ambientales y sanitarios en todo el país. Millones de empleos se han perdido por la concentración y los métodos de la agricultura industrializada.

Tomemos el caso de Com Products International (CPI). La transnacional presentó una reclamación contra el gobierno mexicano en 2003, acogiéndose al TLC, alegando una pérdida para su negocio debido a un impuesto sobre el jarabe de maíz de alta fructosa en las bebidas. La razón de México para imponer el impuesto era para salvar una industria de caña de azúcar que proporciona empleo a miles de ciudadanos y desempeñó un papel económico crucial en muchas regiones. Curiosamente, el gobierno vio frustrado su intento de acceder, también en virtud del TLC, al muy protegido mercado estadounidense del azúcar.

Un tribunal del TLCAN dictaminó sobre el caso en 2008. México tuvo que pagar 5’8 millones de dólares a una compañía que tiene unas ventas netas de 3.700 millones de dólares anuales. La multa pagada por el gobierno mexicano podría haber cubierto un año de la canasta básica de alimentos a más de 50.000 familias pobres. La CPI es una empresa subsidiaria de la Corn Products Arancia, una de las transnacionales de alimentos más poderosas que operan en el país, junto con Maseca /Archers Daniel Midland y Cargill. Son las grandes empresas de agronegocios que desempeñaron un papel clave en la crisis de la tortilla de maíz de 2007 por el acaparamiento de las cosechas y elevación del precio internacional. Esa crisis provocó la protesta de miles de mexicanos pobres ante lo que supuso un aumento del 50% del precio de la tortilla de maíz.

El TLCAN y otros acuerdos de libre comercio otorgan a las corporaciones el poder de decidir qué comemos, qué compramos, quién tiene trabajo y quién no y si un pueblo dedicado a la producción local de alimentos va a sobrevivir o presencial el final de sus tradicionales medios de subsistencia durante generaciones.

Alimentar a los hambrientos, arreglar el sistema

Las organizaciones mexicanas han comenzado a reunirse después de años de divisiones para responder a la crisis alimentaria y arreglar un sistema en muy mal estado. Lograron que una reforma constitucional para incluir el derecho a la alimentación. Ahora la batalla es en la adaptación al presupuesto rural para que ese derecho sea una realidad.

Organizaciones de pequeños agricultores se han unido a organizaciones de agricultores familiares en los Estados Unidos y Canadá para pedir la renegociación del TLCAN y eliminar de él los alimentos básicos y la producción agrícola. Pero la Administración Obama, con sus compromisos adquiridos, deja muy poco espacio para el cambio. Sin embargo, no cejan en sus esfuerzos para arreglar el sistema alimentario antes de que se agrave la crisis. Las organizaciones de EEUU están viendo la oportunidad de unir sus demandas a las del movimiento Ocupar Wall Street Ocupar en todo el país.

El control corporativo del sistema alimentario encerrado en el TLCAN no sólo afecta a las personas en México. Nadie espera que la situación mejore por sí misma. Al profundizarse la crisis, los movimientos ciudadanos deben buscar puntos de unión transfronteriza para proteger su salud, sus medios de subsistencia y sus derechos. En el futuro, lo que comemos, cómo comemos, y si comemos dependerá de sus esfuerzos.

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