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30 / noviembre
En México, el 98% de los delitos que se cometen, quedan impunes, particularmente aquellos que se realizan al amparo de las autoridades o que gozan de los favores y la protección de las autoridades.
Recuérdense las caravanas de la muerte del 2006 en Oaxaca; los francotiradores que asesinaron a José Jiménez Colmenares el 10 de agosto de aquel año; los grupos de porros que como el “Krosty”, el “Pinky”, el “Matadamas”, el “Archie”, el “Miguel Ángel Garza Quintana”, quienes agredieron entonces y también este 17 de noviembre a los maestros, para servir al “chucky”; o a Hugo Gabriel Constantino y Adán Salvador Pérez, responsables de la violación del hijo de la señora Leticia Valdés en el Instituto San Felipe, que fueron advertidos por las mismas autoridades para escapar a su detención cuando la señora ya los tenía identificados en su guarida.
Por otra parte, como hemos visto, la protesta social suele criminalizarse y se castiga con toda severidad, ahí tenemos el caso de Juan Manuel Martínez Moreno, quien injustamente se encuentra preso por un delito que no cometió y sobre el que la autoridad judicial no tiene una sola prueba, como si las hay contra quienes armados, autoridades del municipio de Santa Lucia del Camino, accionaron sus rifles y pistolas contra Brad Will, asesinato del que se le acusa a Juan Manuel.
Recientemente en Oaxaca, con la participación de representantes de Atenco, Acteal y Oaxaca se analizaron los resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el caso de Atenco, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación encontró violaciones a los derechos humanos , entre ellos la agresión sexual de once mujeres por parte de la Policía Federal Preventiva, lamentablemente, Eleazar del Valle y otros dirigentes han sido condenados a más de 100 años de prisión acusados de múltiples delitos. La severidad de las penas, pone en evidencia, como lo mencionaron Saúl Ríos y Damián Guzmán, la venganza de las fuerzas económicas y políticas que fueron afectadas en sus intereses por la tenaz resistencia mostrada por los campesinos para evitar que sus tierras fueran utilizadas para la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona metropolitana de la ciudad de México.
Los presos de Atenco, en la cárcel de máxima seguridad permanecen encerrados 23 horas al día, solo disponen de una hora para salir al patio, toda su correspondencia es censurada, sus celdas son monitoreadas todo el tiempo, no tienen privacidad, sus abogados no tienen acceso expedito a ellos, para entrar a la prisión les piden en cada ocasión múltiples documentos, cédula profesional, comprobante domiciliario, constancia de los vecinos de que son personas de buena conducta, etc, etc.
En el caso de Acteal, los paramilitares, algunos confesos de los asesinatos de más de 40 personas, entre ellas mujeres embarazadas y niños, están siendo liberados gracias a un amparo interpuesto por abogados del CIDE quienes, más allá de la justicia, de las responsabilidades en la comisión del delito imputado, han argüido irregularidades procesales para fundar la liberación de los detenidos, lo que están consiguiendo con la resolución de amparo otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este dictamen llevó a la liberación de 20 personas el 14 de agosto de este año y a nueve más el reciente 4 de noviembre, a quienes ahora por cierto, los monopolios televisivos presentan, sin distinciones, como “víctimas” de la “justicia” mexicana. ¿ Y los asesinados?,¿ o se habrán suicidado?. Cabe recordar que a la esposa embarazada de Mariano Luna Ruiz, indígena que ahora representa a la organización civil “La Abejas” y que asistió a este evento en Oaxaca, le abrieron el vientre para sacarle al bebe que luego también asesinaron.
Por lo que toca a Oaxaca, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encontró responsabilidad en el gobernador del estado por graves violaciones de los derechos humanos en el 2006 y el 16 de julio del 2007, en la perspectiva que compartimos de la profesora Jovita Sánchez Cruz, expresa política del 25 de noviembre del 2006 y el abogado David Peña de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, se trata de una victoria, si bien parcial, simbólica, limitada, si de una victoria. “Es muy difícil obtener la justicia total”, dijo Jovita. “Debemos aprender a ganar”, afirmó David Peña.
El abogado delineó, en tal sentido, nuevos caminos para la justicia en el caso Oaxaca, entre ellos, reiniciar el procedimiento de juicio político en la cámara federal, a pesar de que el PRI haga mayoría con el Partido Verde Ecologista, el simple inicio del procedimiento, le seguirá subiendo los costos políticos e históricos a Ulises Ruiz.
El segundo camino, que no es excluyente, es el de la reparación del daño. Los afectados pueden lograr una reivindicación económica contemplada en la legislación oaxaqueña. Que aunque no es verdadera justicia total, pues no repara las afectaciones psicológicas, familiares, etc. y aunque para los priistas mendaces, lo que se compra con dinero resulta barato, nuevamente los exhibe en sus actos arbitrarios y criminales.
La tercera vía son las cortes internacionales. En este camino, no solo es posible la reivindicación económica, sino las llamadas “medidas de satisfacción”, que pueden ser diversas, implican que las víctimas, dentro de lo que cabe, se dan por satisfechas, pero sobre todo, la “garantía de no repetición”, es decir el compromiso de las autoridades de que sus conductas y afectaciones, no volverán a darse nuevamente, lo cual igualmente, puede violarse, pero ponen al victimario, de cara a la comunidad internacional y efectivamente, “de cara a la nación”.
La historia pues seguirá persiguiendo al tirano a pesar de su cinismo e ironía de quinta categoría. Y a todo esto, ¿de qué se enorgullece?.
Autor:
oaxacalibre
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