l@s zapatistas no están sol@s.

Infos

Esta es la nueva pagina de europa Zapatista : Contiene noticias y artículos publicados en los sitios web y blogs de los diferentes colectivos europeos solidarios con l@s zapatist@s y con los de abajo y a la izquierda. Permitiendo así colectivizar e intercambiar la información desde nuestros rincones.

Estado de la pagina

Número de artículos:
10  15  20 

 

CARTA DE LUIS FERNANDO SOTELO SOBRE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE LA 4ta SALA PENAL

A l@s que resisten a las estrategias y a los dispositivos del poder capitalista.
A las compañeras del mundo que se rebelan y se niegan a aceptar las formas de dominación.
Asistiéndome de la reciprocidad que creo es la base de la solidaridad verdaderamente revolucionaria, quiero compartir un capítulo de mi vida, haciendo una reflexión aún tras las rejas reclusorio, ahí enfrente de los escritorios del aparato judicial, del brazo del Estado, donde la defensa de la libertad para la justicia es el intercambio de valores económicos.
Entonces les contaré: por ahí del medio día sin tomarme por sorpresa oí al estafeta (un sujeto también preso y encargado de dar los pases a los juzgados).
Gritó mi nombre y entonces supe que recibiría noticias de la 4ta sala penal y por tanto que ésta ya había emitido una nueva sentencia. La notificación se me dio en las rejas de prácticas del juzgado 32º. Quien me leyó el resolutivo supongo –pues no se identificó- era un secretario; sólo a él lo vi.
La sentencia queda modificada: eliminando la condena por el delito de daño a la propiedad, solo uno de tantos bastiones jurídicos del circo de privilegios de grupos empresariales, no se me absuelve más que por 9 años aproximadamente; restregándome que se me solicita una cantidad mayor a 8 millones de pesos, para salir si así ¨lo quiero¨ desde hoy, y seguir unos 20 meses en tratamiento.
Ahora, se me sentencia diciendo que soy “penalmente culpable de los delitos de ataques a la paz pública y ataques a las vías de comunicación agravado” y se me “impone la pena de 4años 8 meses y siete días de prisión y multa de $71, 865.72 pesos M.N.” se me condena al pago de la reparación del daño material” y se me “concede el sustitutivo dela pena de prisión por Tratamiento en Libertad; así mismo, el beneficio de la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DELA PENA, previa reparación del daño” (que entiendo son 8 millones de pesos) “y una garantía de $20,000 pesos”.
¿Por qué si la pena a prisión condenatoria disminuyó en 8 años 4 meses 8 días) de 13 trece años, 15 días a 4 años 8 meses 7 días), la reparación del daño es tan ridículamente excesiva?
Es el lenguaje técnico o no de la descarada lógica dominante. Minimizar la dimensión humana de la situación. Si bien no se niegan los daños a los objetos del metrobus y ya no se “juzga/condena” dos veces (por daño a la propiedad y por ataques a la paz pública) se enmarca a la protesta social en el cuadro criminal.
Es cierto desde mi punto de vista que “todas las revoluciones han conocido sus excesos, sería inútil negarlo, pero esto no significa ni que haya que renunciar a una revolución por miedo a que estos excesos se produzcan”, “ni que haya que tomar parte alegremente en ellos”.
A lo que voy es que, si la lógica del poder capitalista es criminalizar la protesta social, recrudeciendo la represión hacia quienes hemos salido a las calles y que encuentra representación primero en procesos judiciales tortuosos luego en sentencias absurdas, es porque es una lógica sin justificación social sino política.
Los días que estamos viviendo actualmente son tiempos para planteamientos revolucionarios.
Hoy se puede plantear desde la horizontalidad con l@s demás y desde la pertenencia como cualquier otra especie animal a los ecosistemas, que ni nuestra civilización ni sus obras sobrevivirían a la destrucción de la propia naturaleza. Como no se puede seguir pensando que la acumulación del dinero en la actualidad sirva para un bienestar común, se nos aterroriza con balas, feminicidios o jaulas sin contar con las miles de violencias estructuradas que sintonizan con el poder capitalista.
El mismo sujeto que me leyó la resolución judicial el día de hoy, me dijo: “pues dígale a sus compañeros que hagan la cooperación” “para que pueda pagar”; algo que yo sentí a modo de burla y que me hizo reír, al inmediatamente comprender que él no sabe ni si quiera un poco que el mundo está siendo cambiado por tiempos que paso a paso ponen planteamientos revolucionarios a discusión y a construcción.
Me reí sobre todo porque en el fondo nunca se trató de pagar por lo que se quemó en el odio a las obras que representan explotación, desprecio, represión y despojo.
Jurídicamente deseo el conflicto en contra de las instituciones que defienden y representan al capitalismo, no porque exista una persona buena que pueda tomar posición desde el mismo poder para beneficiarme, sino porque es la manera en que caminando desde mi detención hago por visibilizar la injusticia. De esta manera entiendo por qué es que aún sigo preso y por qué lo seguiré aún.
Es un camino difícil y complejo, marcado por la violencia hacia mi libertad y la de l@s que me acompañan.
Un saludo a ell@s y como dice un cuento: (más o menos) “cuando los perros ladran es porque estamos avanzando”.
Viernes 8 de diciembre 2017.
Fer

 


Brutal ataque con arma de fuego a compañerxs Adherentes a la Sexta del Ejido de San Sebastian Bachajón

INFORMACIÓN URGENTE

Compañeros y compañeras, en este medio damos a conocer el ataque con arma de fuego a nuestros compañeros adherentes a la sexta ejido Bachajón Felipe Jiménez Moreno en su domicilio, se encuentra gravemente herido y está hospitalizado en Palenque Chiapas, recibió 4 impactos de arma de fuego en diferentes partes de su cuerpo, junto con otros compañeros que fueron brutalmente agredidos, los hechos suscitaron aproximadamente a las 7:30 pm el día de ayer 9 de diciembre, los compañeros fueron balaceados por Carlos Jiménez Vázquez y su hijo Luis Jiménez Hernández, compañeros adherentes se juntaron para resguardar su domicilio de nuestro compañero, porque Carlos Jiménez Vázquez estuvo amedrentando con arma de fuego de grueso calibre después de los hechos, pero en la mañana de hoy llegaron dos camiones de la Policía Estatal, no para detener a los responsables de los hechos sino que llegaron a lanzar gases lacrimógenos a nuestros compañeros quienes estaban resguardando el domicilio, responsabilizamos al gobierno del estado por las agresiones en contra de nuestros compañeros, como adherentes a la sexta no buscamos provocaciones, ellos llegaron a provocar, y no podemos hacer nada con los responsables por que tienen acuerdo con el gobierno, Carlos Jiménez Vázquez es un paramilitar priista en el ejido Bachajón, por eso no van contra él, porque tiene respaldo del Gobierno del estado.
Estos cobardes piensan callarnos con balas y acabar con la lucha de la defensa de nuestras tierras, pero no nos van a poder callar, cada agresión y cada amenaza nos hace más fuertes.
Solicitamos su apoyo para que se difunda esta información.

Desde la zona norte del Estado de Chiapas, les enviamos combativos saludos.

 

 

 

 

 

Fuente: La Sexta Ejido Bachajon


81 razones y la lucha por la dignidad en las cárceles de Latinoamérica

07 dic 2017

Privados de libertad, no de dignidad

 

El 8 de diciembre del 2010 una tragedia enlutó la vida de decenas de familias, dejando además a todo el mundo desconcertado. Tan sólo unas horas antes, un incendio en la cárcel de San Miguel había producido la muerte de 81 reos y dejado a otros 13 gravemente heridos. El hecho produjo varios motines e intentos de estos, así como huelgas en diversos recintos penitenciarios del país.

Preliminares de una catástrofe

Durante aquella fatídica madrugada del 8 de diciembre, un grupo de internos de la cárcel, subdivididos en “la pieza chica” y “la pieza grande”, —espacios particularmente precarios, desprovistos de iluminación y ventilación— luego de haber ingerido alcohol, comenzaron una riña en donde utilizaron elementos cortopunzantes de distintas dimensiones y un balón de gas acondicionado como lanzallamas.1

El uso de este último fue lo que detonó las llamas, que empezaron a propagarse alrededor de las 5:00 horas. Los bomberos fueron recién alertados a las 05:47 horas, vía telefónica por un propio interno. Para aquel entonces, el fuego había consumido por completo el ala sur del penal, dejando atrapados a los internos y comenzando a matar por asfixia a los reos del ala norte. Recién a esa hora se registraron movimientos de Gendarmería.2

Los gendarmes no utilizaron los escasos mecanismos ni protocolos de emergencia existentes, además la infraestructura disponible (mangueras, red seca y húmeda) no funcionó. A esto se suma el hecho de que las pésimas condiciones de la Cárcel de San Miguel eran ya conocidas por la autoridad. Sin embargo, no se adoptó ninguna modificación presupuestaria para mejorar su condición general.

Como si esto fuera poco, luego de la tragedia, no se proveyó ningún recurso judicial efectivo para las víctimas. Dicho en otros términos, el Estado, luego de haber generado las propias condiciones de una catástrofe sin precedentes en la historia del país, no se hizo cargo siquiera de ofrecer un reparo a las familias de las víctimas. Fue ante tales circunstancias que familias de los internos fallecidos decidieron fundar la agrupación 81 Razones por luchar —a partir de ahora 81 Razones—, con el lema “privado de libertad pero no de dignidad”.

Muchas más que ochenta y un razones

Desde su fundación —a fines del 2010— hasta el presente, 81 Razones se ha encargado de buscar mejoras para la situación de los internos en las distintas regiones del país, a través de asesorías jurídicas, pero por sobre todo, atención y afecto. Asimismo, suele convocar a una velatón conmemorativa los primeros días 8 de cada mes, al tiempo que colabora con otras instancias reivindicativas o solidarias con personas encarceladas.

Según nos cuenta César Pizarro, presidente de 81 Razones, hermano de Jorge Manríquez —uno de los internos fallecidos en la Torre 5 de la cárcel San Miguel— la organización colabora “con quienes se encuentran atados de manos, se les considera escoria, una piedra en el zapato”.

Ésta considera fundamental organizarse desde la cárcel, ser la contraparte a los carceleros, buscando educar y reinsertar a los internos en sus propias Poblaciones, evitando aumentar la “clientela” en la cárcel. Para César, esto se logra a través de la autoeducación, con la enseñanza piel a piel, con quienes no tienen las condiciones para ello. “En una nueva sociedad, fraternal, no habría hambre, nuestros viejos no se morirían en la más profunda soledad”, señala.

La agrupación se vio obligada a conformarse como una organización no gubernamental, para atenuar así la persecución y hostigamiento por parte de Gendarmería. Si bien la institución todavía les segrega, han logrado varios avances judiciales. Sabido es para la propia institución los despidos debido a las constantes solicitudes de información por ley de transparencia, por citar un ejemplo. Asimismo, no han podido aminorar el respeto con el que 81 Razones cuenta tanto en las cárceles como fuera de ellas.

Además de esto, con el gran esfuerzo que realiza la agrupación a diario, no ignora las problemáticas de fondo en el régimen carcelario. En efecto, conoce a fondo el hecho de que las cárceles están lejos de efectuar su rol de reinserción social. Por plantear tan sólo una interrogante: si la cárcel tiene como objetivo aislar a los individuos supuestamente peligrosos, ¿por qué los reúne con otros individuos todavía más peligrosos sin mayor diferenciación? Es decir, ¿acaso no es ésta misma la que produce reincidencia delictual? De hecho, lo hace en un espacio en donde se sabe que los individuos no tienen garantía alguna para sus derechos, al tiempo que se ven forzados a crear sus propias reglas en un espacio saturado de violencia, comenzando por la ejercida desde Gendarmería.

Pero hemos citado sólo una contradicción entre las tantas que podemos encontrar en los regímenes carcelarios. El asunto es que ésta, como la cárcel en sí, es del todo funcional con la política de Estado. Foucault, en una conferencia pronunciada en 1976 en la Universidad del Brasil, en relación con los despropósitos de la cárcel, señaló:

“Cuanto más delincuentes existan, más crímenes existirán; cuanto más crímenes hayan, más miedo tendrá la población y cuanto más miedo en la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial. La existencia de ese pequeño peligro interno permanente es una de las condiciones de aceptabilidad de ese sistema de control, lo que explica por qué en los periódicos, en la radio, en la televisión, en todos los países del mundo sin ninguna excepción, se concede tanto espacio a la criminalidad como si se tratase de una novedad cada nuevo día.”3

De esta forma se hace evidente que antes de cambiar las condiciones internas de la cárcel, es la sociedad en su conjunto la que debe transformarse. Y es César quien lo ratifica, desde su propia experiencia en la agrupación 81 Razones.

Una necesidad que por cierto, alcanza para reflexionar hasta de ciertas organizaciones “anticarcelarias”, que a través del sectarismo, muchas veces obstaculizan la solidaridad con los reos. Al menos para 81 Razones no existen colores o caudillos que pesen por sobre el grueso de quienes sufren la condena de la cárcel y los prejuicios de la sociedad. En efecto, “el enemigo es uno sólo”, asegura César.

Él también comenta que ha existido vínculos con presos políticos mapuches, a pesar del divisionismo que la propia Gendarmería ha generado en las cárceles, por ejemplo, al fomentar la distinción entre presos “comunes” y presos “mapuches”, como también al utilizar reos nuevos para amedrentar o inclusive intentar liquidar a los segundos.

Sin embargo, a pesar de todo el trabajo realizado, las condiciones carcelarias poco han cambiado luego del incendio en la cárcel de San Miguel. César lo sabe y advierte que hay muchas cárceles que están peor que San Miguel antes del incendio. En cualquier momento podría producirse una tragedia semejante, o quizás peor, nos cuenta.

En el documental “Sangre de Uno – Derechos Humanos y prisión”4, se relata que tan sólo desde 2011 hasta 2016 se produjeron 886 decesos en 59 centros penitenciarios chilenos. 420 muertes fueron por enfermedades, 297 por riñas o agresiones y 124 por suicidios.

Asimismo, durante el 2014 un 35% de los internos denunció haber sufrido maltrato físico por parte de funcionarios y un 19% por parte de otros internos. El mismo año, 211 personas privadas de libertad aseguraron ser víctimas de torturas mientras se encontraban castigadas.

La negligencia colma las cárceles de Latinoamérica

En el continente es larga la lista de incidentes similares a lo ocurrido en la cárcel de San Miguel. Cabe señalar entre algunos, el ocurrido en 1994, en Maracaibo, Venezuela, en donde al menos 108 reos perdieron la vida en un intento desesperado por escapar del humo que los ahogaba.

Diez años más tarde fallecieron 107 reclusos y 26 resultaron heridos en un incendio registrado en el presidio de San Pedro Sula, en el norte de Honduras. Un año más tarde, 135 personas perdieron la vida en un incendio en la prisión de Higuey, al este de Santo Domingo, capital de República Dominicana.

Durante el 2012 en el recinto penal de Comayagua, Honduras, el mismo horror produjo la muerte de más de 382 reos, dejando a varios otros heridos y a 50 desaparecidos. La agrupación 81 Razones no dudó en solidarizar con las familias de las víctimas hondureñas.

Sin haber concluido el amargo repertorio de incendios en las cárceles latinoamericanas, cabe sumar los tristemente célebres casos de la Matanza en los penales del Perú (1986), o la Masacre de Carandiru en Brasil (1992), en los que junto a los anteriores, coincide la negligente gestión de las Penitenciarías y el Estado, la represión policíaca y militar, y en definitiva, una sistemática e ininterrumpida violación de los derechos humanos en América Latina.

Al tiempo que se mantenemos la memoria viva de los 81 presos y de todos quienes han perdido su vida en medio de las paupérrimas condiciones que ofrecen las cárceles en Chile y el mundo, consideramos que la crudeza de esta tragedia nos exige hacer algo más que un ejercicio de memoria. Pues al decir de Theodor Adorno, la barbarie persistirá mientras perduren en lo esencial las condiciones que la hicieron posible.

Por Ignacio Andrés

América Latina desde Abajo

Notas

1.-La información aquí expuesta proviene en gran medida del artículo “El incendio de la     Cárcel de San Miguel, su veredicto absolutorio y las obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos involucrados” de Karinna Fernández Neira y Nancy Carmina García Fregoso, disponible en http://www.anuariocdh.uchile.cl/index.php/ADH/article/download/37494/39174

2.- Cabe señalar que a diferencia de otros Estados en donde la Gendarmería se desempeña como un cuerpo de seguridad (pública o fronteriza) del Estado, la Gendarmería de Chile cumple las funciones de guardia de prisiones, transporte de reos y custodia de edificios del Poder Judicial.

3.- Tomado de la conferencia de Michel Foucault “Las redes del poder”, pronunciada durante 1976 en la Facultad de Filosofía de la Universidad del Brasil. Disponible en http://mundo-perverso.blogspot.cl/2007/11/las-redes-del-poder.html

4.- “Sangre de Uno – Derechos Humanos y prisión”. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=Y6ZTSj4bZzA&feature=share . Existe también otro documental relacionado con la agrupación 81 razones, disponible en web, titulado “81 razones” (2012). Se encuentra disponible en https://www.youtube.com/watch?v=nxn8VvXOYTk

 


Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada?

Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada?
06 dic 2017

 

 

 

Foto: Frayba

“Estamos sufriendo mucho. Se quemó mi frijol y mi maíz, se quemó mi casa, ahí se quedó mi marranito, mis pollos. Ahora ya no tengo nada. Estamos sufriendo con mis hijos, estamos sufriendo mucho, estamos sufriendo de hambre.”

Estas son algunas de las palabras de una mujer tsotsil entrevistada por el padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel, Chiapas, a finales de noviembre. Ella tiene dos hijos pequeños y ahora no tiene casa, duermen en la montaña, donde en la noche la temperatura baja a veces a menos de cero grados. No tienen cobijas, no tienen alimentos. Perdieron todo, no saben qué hacer y viven con el miedo constante por los disparos de armas de alto calibre que se escuchan todos los días y todas las noches.

Como ella, casi 6 mil indígenas tsotsiles (5023 de Chalchihuitán y 950 de Chenalhó) sobreviven en las montañas de Los Altos de Chiapas en condiciones de extrema precariedad. Entre ellos, miles de niños y 114 mujeres embarazadas, algunas a punto de parir.

Todos ellos fueron expulsados de sus tierras por un grupo armado que, según denuncias de los propios desplazados y diversas organizaciones, cuenta con el apoyo y está al servicio de Rosa Pérez, la presidenta municipal de Chenalhó por el Partido Verde Ecologista (PVEM), impuesta por la fuerza hace tres años tras lo que sus opositores aseguran que fue un fraude electoral.

La violencia y el desplazamiento forzado tienen que ver con un conflicto agrario creado por el gobierno federal hace 45 años, pero que se detona en tiempos recientes por la muerte de Samuel Pérez Luna, campesino de Chalchihuitán, asesinado con ocho balazos por el grupo armado de Chenalhó mientras trabajaba una de sus parcelas el 18 de octubre de este año. Semanas después, entre el 12 y 13 de noviembre, el grupo armado sitia a Chalchihuitán, cierra todas las entradas, corta con maquinaria pesada la carretera que da acceso a la cabecera municipal, quema casas y milpas, amenaza a la población de asesinarla, la aterroriza con disparos de armas largas y provoca el desplazamiento forzado de miles de indígenas que vivían en la zona limítrofe entre ambos municipios.

Hoy, a mes y medio del inicio del desplazamiento forzado, y pesar de los llamados de la población y de organizaciones nacionales e internacionales, el gobierno finge actuar y no hace nada por solucionar las causas fundamentales del conflicto, de las que él mismo es responsable.

Raíces del conflicto agrario – Responsabilidad del gobierno federal

Según explica Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), entrevistado el pasado viernes por Radio Zapatista y Radio Zapote, el conflicto lo crea el gobierno federal cuando, en 1935, dota de tierras a Chenalhó pero no ejecuta la sentencia. Años después, en 1975, la ahora extinta Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) dota a Chalchihuitán de tierras antes dotadas a Chenalhó, y esta vez sí ejecuta la sentencia en 1980. Sin embargo, antes de la intervención del gobierno ambos pueblos vivían en paz, respetando el acuerdo de las autoridades tradicionales, que consideraba al río como la línea divisoria. El trazado de los límites territoriales impuesto por la SRA en 1975 es un trazado ficticio que va en línea recta y que desconoce los acuerdos y las decisiones de los propios pueblos originarios. Así, dos pueblos que otrora vivieron pacíficamente, pasan a disputar tierras gracias a la intervención irresponsable y racista —por ignorar los acuerdos de los pueblos— del gobierno federal, y se crea un conflicto que desde entonces ha resultado en varios muertos y, ahora, en el terror y el desplazamiento forzado de 6 mil indígenas.

Desde 2005 se interpuso una demanda que 12 años después no se ha resuelto y que actualmente se encuentra en el Tribunal Unitario Agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez. Según dicho tribunal, a más tardar el 15 de diciembre dará a conocer la sentencia.

Raíces de la violencia – Paramilitarización, contrainsurgencia e intereses partidistas

El grupo armado de Chenalhó cuenta con armas de uso exclusivo del ejército y ha crecido en los últimos años, atrayendo a muchos jóvenes de la región. El grupo surge, o se reconstituye, a partir de la disputa entre el PRI y el PVEM en Chenalhó. Según el Frayba, toda la zona es tradicionalmente priísta, pero las elecciones de los pueblos son por consenso comunitario. O sea, los pueblos eligen a su candidato, que se postula por el PRI. Así, la votación es un mero trámite en el que se ratifica lo previamente acordado por el pueblo. Pero en las elecciones del 2015, con Manuel Velasco Coello en la gubernatura, el PVEM comenzó a imponer a candidatos de su partido como forma de control geopolítico. Uno de los lugares donde esto sucedió fue Chenalhó, donde Rosa Pérez Pérez “ganó” la elección para la presidencia municipal, contrariando el acuerdo comunitario.

Los pobladores denunciaron el fraude, y se creó el llamado Movimiento Pedrano para impedir que Pérez tomara posesión. Este movimiento realizó una serie de acciones de protesta que incluyeron la toma de la alcaldía, bloqueos, toma de casetas de cobro y más, y que culminaron el 25 de mayo de 2016, cuando un grupo vinculado a dicho movimiento irrumpe en la sede de la diócesis de San Cristóbal y secuestra al presidente del Congreso, Eduardo Ramírez Aguilar (junto con otro diputado y un conductor), a quien obligan a aceptar la renuncia de Rosa Pérez Pérez al día siguiente. Desde ese momento, el entonces síndico Miguel Sántiz Álvarez toma posesión como alcalde sustituto.

Sin embargo, el 6 de junio de 2016 Rosa Pérez impugna su destitución ante el TEPJ, argumentando que se trata de “destitución ilegal y violencia política por razón de género”. Dos meses después, el 17 de agosto de 2016, Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJ) le da la razón y ordena que sea restituida, pero sus opositores impiden su retorno a Chalchihuitán.

Es entonces que, según información recabada por el Frayba, Rosa Pérez empieza a armar y fortalecer las estructuras paramilitares que estaban presentes desde la década de 1990. Así, el 22 de febrero de este año, seguidores de Rosa Pérez desalojan con violencia a partidarios de Miguel Sántiz, por medio de un ataque armado que resulta en dos muertos —uno de ellos hijo de Miguel Sántiz— y más de una docena de heridos. A pesar de esto y de las evidencias de la violencia, en el momento Pérez asegura que “recuperaron la presidencia municipal en plena calma” (ver artículo en Proceso). Y tres semanas después, Rosa Pérez recupera el ayuntamiento, acompañada de 200 elementos de Seguridad Pública. “Hemos regresado”, declaró en su momento la alcaldesa con inmejorable cinismo, “para que las cosas vuelvan a la normalidad, a la paz, a la tranquilidad que merecen todos los habitantes de San Pedro Chenalhó” (ver artículo en El Universal).

Pero lo que es importante destacar en todo esto es que las condiciones para la actuación de dichos grupos ya estaban presentes porque el gobierno nunca desarmó a los grupos paramilitares que él mismo creó después del levantamiento zapatista, conforme a lo dispuesto en el Plan de Campaña Chiapas 94, el plan de campaña de la comandancia general de la VII Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Dicho plan especifica que: “Las operaciones militares incluyen el adiestramiento de fuerzas locales de autodefensa, para que participen en los programas de seguridad y desarrollo”, y contiene un anexo que “Describe actividades del Ejército en el adiestramiento y apoyo de las fuerzas de autodefensa u otras organizaciones paramilitares, lo cual puede ser el principio fundamental de la movilización para las operaciones militares y de desarrollo. (…) En el caso de no existir fuerzas de autodefensa es necesario crearlas” (ver artículo de Gilberto López y Rivas en La Jornada).

El resultado de esta estrategia contrainsurgente es la continuada presencia de grupos armados en toda la región de Los Altos de Chiapas, incluyendo a Chalchihuitán y desde luego a Chenalhó, y el peligro de que dichos grupos lleven a una repetición de la masacre de Acteal, que este 22 de diciembre cumple 20 años de impunidad. Como explica Pedro Faro, la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal ha reiterado en varias ocasiones que “tanto en el PRI como en el PVEM permanecen personajes que ellos han denunciado como los autores materiales de la masacre y de los desplazamientos en los momentos más álgidos del conflicto interno”. Lo que personas como Rosa Pérez han hecho es incentivar, armar y reactivar a dichas estructuras para beneficio propio.

¿Coincidencias?

Casualmente, el estallido de la violencia y el sitio a Chalchihuitán por parte del grupo armado de Chenalhó tuvo lugar justo antes de la visita de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, a Acteal, planeada para el 14 de noviembre. Debido a las condiciones de inseguridad, dicha visita fue cancelada, y la Relatora tuvo que reunirse con las víctimas y sobrevivientes de la masacre en el ejido de Candelaria, municipio de San Cristóbal de Las Casas (ver Koman Ilel).

Para el Frayba, una de las posibles interpretaciones es que el conflicto puede haber sido provocado para evitar que la relatora fuera a Acteal. Un relator de la ONU anterior, Rodolfo Stavenhagen, hizo mucho énfasis en la falta de atención a los desplazados del conflicto interno por parte del Estado mexicano, y señaló a la masacre de Acteal como tema de impunidad e inacción de justicia. Así, uno de los motivos de la visita de la relatora a Chiapas era darle continuidad al trabajo de Stavenhagen y sus recomendaciones al Estado mexicano. Puesto que el Estado nunca reconoció los desplazamientos forzados por causa del conflicto armado, y nunca ha reconocido la presencia de grupos paramilitares y mucho menos su propia participación en la creación y entrenamiento de dichos grupos como parte de la estrategia de constrainsurgencia, el Estado tiene todo interés en evitar la presión de la ONU, justamente cuando se acerca el 20 aniversario de la masacre.

Lo alarmante del caso es que las condiciones previas a la masacre de Acteal en diciembre de 1997 son muy semejantes a las que se observan hoy en Chalchihuitán y Chenalhó. Muchas organizaciones y varios medios de comunicación han alertado sobre este peligro, sin que hasta ahora dichas advertencias hayan resultado en una acción contundente por parte del gobierno para resolver el conflicto que, repetimos, él mismo creó.

(In)acción del gobierno

La acción del gobierno hasta ahora ha sido, primero, minimizar la problemática y, segundo, implementar medidas que no contribuyen a solucionar el problema ni a aliviar sustancialmente la crisis humanitaria. Se anunció la aplicación de medidas cautelares y el restablecimiento de las vías de comunicación, pero hasta ahora las vías de acceso siguen cortadas y el grupo armado continúa llevando a cabo acciones violentas para impedir el retorno de los desplazados y la restitución de las vías de comunicación.

El pasado jueves 30 de noviembre llegaron 40 elementos del ejército a la cabecera municipal de Chalchihuitán, presumiblemente para llevar ayuda a los desplazados y disuadir al grupo armado de un posible ataque a esa población. Sin embargo, en vez de acudir a las montañas, donde se encuentran las familias desplazadas, están entregando los víveres en la propia cabecera municipal, a la que las familias tienen mucha dificultad para desplazarse. Al mismo tiempo, el padre Marcelo reportó que llegó una brigada de salud, pero que ésta sólo atendió a una veintena de personas y después se fue.

Por otro lado, el Frayba advierte que la militarización de la región representa un peligro, y no una solución. Como quedó claro con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior por parte de la Cámara de Diputados el pasado 30 de noviembre, la intención del Estado es militarizar todo el país. Dice Pedro Faro: “Es una ley a modo para proteger las actuaciones del ejército en las calles, al que se ha denunciado en muchos casos, con pruebas fehacientes, por cometer ejecuciones extrajudiciales. Y hay estudios muy serios de universidades que comprueban que la acción del ejército fuera de sus cuarteles no ha disminuido la violencia. Octubre fue el mes más violento del sexenio. Por más que organizaciones y académicos han alertado sobre lo peligroso y perjudicial de tener al ejército fuera de sus cuarteles, se persiste en esta situación de guerra”.

Lo que los últimos años han demostrado es que en todo el país el ejército mexicano está coludido con el crimen organizado y con personajes como Rosa Pérez, que fomentan la creación o fortalecimiento de grupos paramilitares que actúan en contra de la población civil.

Lo que no ha sucedido es el retiro de la protección a Rosa Pérez y el desmantelamiento del grupo criminal armado (que llegó incluso a impedir la llegada de una Base de Operaciones Mixta que el gobierno pretendía establecer hace dos semanas), ni el restablecimiento de las condiciones necesarias para la ayuda humanitaria. Y tampoco se ha resuelto el problema agrario de base.

Mientras eso, seis mil personas siguen a la intemperie mientras el frío arrecia, y no hay señales de distensión. Al contrario. En un acta emitida ayer, 5 de diciembre de 2017, firmada por Rosa Pérez Pérez y otras autoridades de Chenalhó, se hace la siguiente amenaza en contra de los comuneros de Chalchihuitán:

Se aclara que en caso de que el Tribunal Unitario Agrario no emita la Resolución Definitiva y a favor del municipio de Chenalhó, se llevarán a cabo medidas drásticas en contra de los comuneros del municipio de Chalchihuitán, hasta recuperar las tierras que ancestralmente pertenecen al municipio de Chenalhó.

(Incluimos abajo el acta citada.)

acta1

 

 

 

 

 

 

acta2

 

 

 

 

 

 

acta3

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Radio Zapatista


Sentencian a 50 años de presión a integrantes del Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y de la Vida de San Pedro Tlanixco

 

Sentencian a 50 años de presión a Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozábal y a Marco Antonio Pérez González, integrantes del Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y de la Vida de San Pedro Tlanixco

MOVIMIENTO POR LA LIBERTAD DE LA Y LOS DEFENSORES DEL AGUA Y DE LA VIDA DE SAN PEDRO TLANIXCO, TENANGO DEL VALLE
ESTADO DE MÉXICO, 1 DICIEMBRE DE 2017
DENUNCIA A LA OPINIÓN PÚBLICA

Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno y nuestra vocera Marichuy
Al Comité Clandestino Revolucionario Indígena – Comandancia General del EZLN
A la Red vs la Represión y por la Solidaridad
A la Sexta Nacional e Internacional
A las compañeras y compañeros que luchan en el Mundo
A las y los compañeros de los medios libres, autónomos, alternativos o como se llamen

El Movimiento por la Libertad de la y los Defensores del Agua y de la Vida de San Pedro Tlanixco, Tenango del Valle, Estado de México, denuncian a la opinión pública sobre la sentencia dada a nuestros hermanos y hermana indígenas nahuas Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y Dominga González Martínez.

Como recordarán, desde el año de 1989, San Pedro Tlanixco ha estado defendiendo el agua que nace de nuestros bosques de la hidra capitalista que toman forma de empresas nacionales y transnacionales floricultoras de Villa Guerrero y que han estado protegidas por los malos gobiernos, hemos estado defendiendo nuestro territorio, pues nos impusieron una autopista privada que va de Tenango del Valle a Ixtapan de la Sal, en donde nuestro pueblo quedó partido por la mitad.

El 1 de abril de 2003, muere a causa de una caída el presidente del sistema de riego del rio Texcaltenco y representante de empresas floricultoras de Villa Guerrero y es desde ese día cuando nuestro pueblo ha vivido constantes ataques por parte de los malos gobiernos y los medios de paga que difundieron la falsa noticia de que nosotros habíamos linchado a ese señor, cuando la verdad es que él y su gente habían estado en nuestro territorio porque querían llevarse nuestra agua y fue ahí cuando, por no conocer los caminos, se cayó y perdió la vida.

Ahora, 14 años después parece que el odio de los de arriba, el desprecio, la ambición por despojarnos de nuestros territorios, adueñarse de nuestra agua y mostrar que la justicia en este país se vende al mejor postor, han dictado una injusta sentencia en contra de nuestra compañera y compañeros indígenas nahuas Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Marco Antonio Pérez González, quienes tuvieron un proceso lleno de irregularidades, trampas y malos tratos que duró 10 años y que no contentos con eso, después del cierre de ese proceso tuvimos que esperar otro año y medio para enterarnos que a su decir “son penalmente responsables por la comisión del delito de homicidio calificado (por haberse cometido con premeditación y ventaja), cometido en agravio de Alejandro Isaac Basso, ilícito por el cual presentó acusación en su contra el ministerio público”. Continúa diciendo que: “son penalmente responsables por la comisión de delito de privación de libertad, cometiendo en agravio de Nazario Baldemar García Sánchez, Felipe Rea Herrera, Gabriel Enríquez García, Adolfo Vázquez Carrasco, Mario Pérez Sánchez, Clemente Cotero Bernal, Raymundo Estrada Arias, Esteban Reyes Vázquez, Moisés Díaz, Solís, Salvatore Brianda Addis y Arsenio Fuentes Guadarrama”. Con esto el Juez primero penal de primera instancia del distrito judicial de Toluca Maximiliano Vázquez Castañeda, dicta un castigo de cincuenta años de prisión y multa de $40,300.00, además se exige el pago de $63,729.00 por una supuesta reparación del daño moral.

Sabemos que este castigo no es sólo para nuestra compañera y compañeros, sino que es un castigo y advertencia para todas y todos quienes estamos convencidos de defender nuestros territorios y agua, que para las y los de abajo lo único que recibimos de quienes creen que tienen el poder de la justicia es desprecio y humillación, delitos absurdos y fabricados a conveniencia de ministerios públicos y familiares poderosos que buscan venganza y nunca justicia.

Hoy queremos hacer un llamado de solidaridad y un grito que exija la libertad de nuestra compañera y nuestros 5 compañeros indígenas nahuas, porque no olvidamos que también a nuestros compañeros Rómulo Arias Mireles (sentenciado a 54 años de prisión), Pedro Sánchez Berriozábal (sentenciado a 52 años de prisión) y Teófilo Pérez González (sentenciado a 50 años de prisión) les hicieron las mismas trampas, los trataron con el mismo desprecio desde su detención, exigir de la misma manera la cancelación de las órdenes de aprehensión de nuestros otros 2 hermanos que desde hace 14 años no ven su pueblo, su territorio, su familia.

Como Movimiento, Concejal y Concejala del Concejo Indígena de Gobierno y parte de Congreso Nacional Indígena y la Red contra la Represión, reafirmamos: No nos vendemos, No nos rendimos y No claudicamos, no descansaremos hasta ver a nuestra hermana y nuestros hermanos libres y continuando la lucha por la defensa de nuestro territorio y nuestra agua.

¡Presas y presos políticos libertad!
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca más un México sin Nosotros
Movimiento por la Libertad de la y los defensores del Agua y de la Vida de San Pedro Tlanixco
Concejala y Concejal nahuas del centro del Estado de México

https://tlanixcolibertad.wordpress.com/


Mensaje de Luis Fernando Sotelo

A los y las compañer@s que han estado acompañandome con el deseo incansable de ser libres.

Quiero informar acerca de la resolución del amparo ante el 2do Tribunal Colegiado. Uno de los tres magistrados involucrados se pronunció por la inconstitucionalidad del artículo 362 del código penal (ataques a la paz pública), sin embargo los otros dos magistrados consideran otorgar el amparo únicamente en cuestiones de forma y no de fondo, es decir, regresar el asunto a la 4ta Sala Penal para reparar fallas de técnica jurídica ( reclasificación de delitos, agravantes, etc.).

Por lo anterior se generan 2 caminos:
1.- Impugnar la resolución del amparo.
2.- Esperar a que el asunto sea regresado a la 4ta Sala Penal y que sea emitida una nueva resolución bajo los lineamientos que ordena el Tribunal Colegiado que resolvió el amparo. Ante esto mi decisión es no tramitar la revisión de éste amparo y esperar por una nueva sentencia que emita la 4ta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX. Considerando que la siguiente sentencia será condenatoria y no responderá a la justicia social y verdadera que buscamos desde los corazones rebeldes, intuyo que el camino que se muestra al frente aún ha de ser el de la construcción de muchos más procesos de liberación.

Reiteró que la lucha por la liberación de l@s pres@s en general es una lucha político-jurídica, por lo que reconozco una vez más el trabajo jurídico de los compañeros Los Otros Abogadoz, así como el acompañamiento político, fraterno y solidario de las organizaciones, colectivos e individuos que me han levantado la moral de lucha contra el sistema capitalista que me condena por ser joven.

30 de Noviembre 2017.
Fer.


Solidaridad con nuestro compañero Omar Campos Martínez, Alone


PRONUNCIAMIENTO DE LOS OTROS ABOGADOZ RESPECTO A LA SENTENCIA DE AMPARO DE LUIS FERNANDO SOTELO ZAMBRANO

El pasado 9 de noviembre del año en curso se resolvió el amparo directo presentado por Los Otros Abogadoz, en contra de la sentencia de Segunda Instancia que condenaba a nuestro compañero Luis Fernando Sotelo Zambrano a una pena de 13 años y 15 días de prisión y, al pago de la reparación del daño que asciende a poco más de 8 millones de pesos, por la supuesta comisión de los delitos de Ataques a las vías de comunicación, Ataques a la paz pública y Daño a la propiedad.

Es importante destacar que en el amparo que presentamos, se plantearon los argumentos técnico-jurídicos respecto al análisis de los tres delitos mencionados, para demostrar que no se acredita la plena responsabilidad penal de Luis Fernando en la comisión de los mismos. Asimismo, se argumentó respecto a la inconstitucionalidad del artículo 362 del Código Penal para la Ciudad de México, para demostrar que el delito de ATAQUES A LA PAZ PÚBLICA, es violatorio de derechos humanos, pero sobre todo, un instrumento de control social utilizado por el Gobierno de la Ciudad de México para criminalizar y reprimir la protesta social.

Ya analizada la sentencia de amparo nos damos cuenta que, se polarizaron los criterios de los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado. Dos de ellos se pronunciaron por conceder el “amparo para efectos”, respecto a la comisión de los delitos ya mencionados, pero reiterando la constitucionalidad del 362, mientras que el Magistrado disidente se manifiesta por conceder el amparo al considerar que el artículo 362 es inconstitucional, para el efecto de que nuestro compañero sea absuelto del delito de Ataques a la paz pública. Sin embargo, el amparo fue aprobado por mayoría y prevaleció el criterio duro e institucional de “los impartidores de justicia”.

Ahora, la Cuarta Sala Penal de la Ciudad de México, tiene un plazo de 10 días para dejar insubsistente la sentencia condenatoria dictada en contra de Luis Fernando el 07 de diciembre de 2016 y, deberá emitir una nueva resolución donde cumpla con los requerimientos que le está ordenando el Tribunal Colegiado en la sentencia de amparo directo. Hecho que se traduce en una reducción de la sentencia.

Sin lugar a dudas, se hace evidente la intención de seguir manteniendo en prisión a nuestro compañero, con el firme propósito de continuar dando un castigo ejemplar a todo aquél que se organiza, lucha y solidariza con las causas sociales y con las injusticias que se cometen en nuestro país todos los días. Una vez más nos damos cuenta que el Poder judicial está al servicio de los que verdaderamente ejercen el poder en México: los empresarios.

Sin embargo seguiremos dando la batalla jurídica, como lo hemos hecho durante estos tres años, desde que asumimos la defensa legal de Luis Fernando Sotelo. Hoy más que nunca, reiteramos nuestro compromiso y palabra con la libertad de todos los presos políticos secuestrados por el Estado terrorista.

¡Libertad para Luis Fernando Sotelo!

¡Libertad para Miguel Peralta!

¡Libertad para todos los presos que abajo resisten y se organizan!


URGENTE! Alerta humanitaria en los Altos de Chiapas

“”Los compañeros de Nodo Solidale nos envian su denuncia sobre la ultima escalada de violencia en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, se pide solidaridad y firmas urgentes para el cese de la violencia, como Adherentes a la Sexta de Barcelona ya nos hemos unido a la firma , difundan.””

 

Alerta humanitaria en los Altos de Chiapas

A la sociedad civil,

A los medios de comunicación,

Como colectivo Nodo Solidale queremos manifestar nuestra máxima preocupación por la situación de más de 5000 desplazados que han tenido que abandonar sus casas en las últimas semanas a raíz de la escalada de violencia en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, en los Altos de Chiapas. Parte de las familias desplazadas se refugiaron en el monte, en condiciones de extrema precariedad, otra parte se refugió en la cabecera municipal de Chalchihuitán. Las familias no cuentan con alimento ni abrigo y en las noches las temperaturas bajan mucho: recién nacidos, niños y mujeres embarazadas se encuentran en una condición de particular vulnerabilidad.

En este momento el nivel del conflicto es tan alto (un asesinato, disparos constantes por parte de un grupo armado y varias casas quemadas) que resulta muy difícil inclusive hacer llegar ayuda humanitaria, a pesar de que organizaciones de Derechos Humanos y miembros de la Diócesis de San Cristóbal estén poniendo todo su esfuerzo en esto. Las raíces del conflicto se encuentran en una disputa añeja por las conlindancias entre los dos municipios. Sin embargo, sabemos que, en este país en general y en esta región en particular, el gobierno utiliza y alimenta los conflictos locales para dividir y controlar los territorios políticamente, militarmente y económicamente. Sabemos también que lo hace como una estrategia más de la guerra integral de desgaste y contrainsurgencia en contra de los pueblos organizados de Chiapas. La zona en cuestión tiene una fuerte densidad política, ahí conviven a diario múltiples actores con las más diferentes afiliaciones: entre ellos, están los pueblos zapatistas y las comunidades eclesiales de base, con su lucha anticapitalista que siempre han sido el blanco habitual de los grupos armados y paramilitares que una vez más están sembrando terror en la zona.

A 20 años de la masacre de Acteal y del desplazamiento forzado de miles de familias en 1997 impuesto por paramilitares entrenados por el gobierno, se nos hace escalofriante que se vuelva a dar un desplazamiento forzado de estas dimensiones en la misma zona. Se trata de un escenario de guerra en el que la población civil sufre las consecuencias más duras: terror, hambre, enfermedad y condiciones inhumanas. No se nos hace casual tampoco que este recrudecimiento de la situación se de en el marco de la liberación de los autores materiales de la masacre de Acteal y la reactivación de grupos paramilitares, denunciada en los últimos meses por la Sociedad Civil Las Abejas.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones y las personas que luchan por la verdad y la justicia y en contra de la guerra a que difundan esta información en sus redes, se sumen a las denuncias y a las acciones de ayuda humanitaria.

A continuación reportamos la Acción Urgente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (para firmar) y los contactos para la ayuda.

¡Alto a la guerra genocida!
¡Fuera paramilitares de Chiapas!
¡Nunca más desplazamientos forzados!

Nodo Solidale (México)

LINK Acción Urgente Frayba:

https://frayba.org.mx/alto-al-fuego-urgen-organizaciones-ante-emergencia-humanitaria/


URGENTE! Alerta humanitaria en los Altos de Chiapas

Alerta humanitaria en los Altos de Chiapas

A la sociedad civil,

A los medios de comunicación,

Como colectivo Nodo Solidale queremos manifestar nuestra máxima preocupación por la situación de más de 5000 desplazados que han tenido que abandonar sus casas en las últimas semanas a raíz de la escalada de violencia en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, en los Altos de Chiapas. Parte de las familias desplazadas se refugiaron en el monte, en condiciones de extrema precariedad, otra parte se refugió en la cabecera municipal de Chalchihuitán. Las familias no cuentan con alimento ni abrigo y en las noches las temperaturas bajan mucho: recién nacidos, niños y mujeres embarazadas se encuentran en una condición de particular vulnerabilidad.

En este momento el nivel del conflicto es tan alto (un asesinato, disparos constantes por parte de un grupo armado y varias casas quemadas) que resulta muy difícil inclusive hacer llegar ayuda humanitaria, a pesar de que organizaciones de Derechos Humanos y miembros de la Diócesis de San Cristóbal estén poniendo todo su esfuerzo en esto. Las raíces del conflicto se encuentran en una disputa añeja por las conlindancias entre los dos municipios. Sin embargo, sabemos que, en este país en general y en esta región en particular, el gobierno utiliza y alimenta los conflictos locales para dividir y controlar los territorios políticamente, militarmente y económicamente. Sabemos también que lo hace como una estrategia más de la guerra integral de desgaste y contrainsurgencia en contra de los pueblos organizados de Chiapas. La zona en cuestión tiene una fuerte densidad política, ahí conviven a diario múltiples actores con las más diferentes afiliaciones: entre ellos, están los pueblos zapatistas y las comunidades eclesiales de base, con su lucha anticapitalista que siempre han sido el blanco habitual de los grupos armados y paramilitares que una vez más están sembrando terror en la zona.

A 20 años de la masacre de Acteal y del desplazamiento forzado de miles de familias en 1997 impuesto por paramilitares entrenados por el gobierno, se nos hace escalofriante que se vuelva a dar un desplazamiento forzado de estas dimensiones en la misma zona. Se trata de un escenario de guerra en el que la población civil sufre las consecuencias más duras: terror, hambre, enfermedad y condiciones inhumanas. No se nos hace casual tampoco que este recrudecimiento de la situación se de en el marco de la liberación de los autores materiales de la masacre de Acteal y la reactivación de grupos paramilitares, denunciada en los últimos meses por la Sociedad Civil Las Abejas.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones y las personas que luchan por la verdad y la justicia y en contra de la guerra a que difundan esta información en sus redes, se sumen a las denuncias y a las acciones de ayuda humanitaria.

A continuación reportamos la Acción Urgente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (para firmar) y los contactos para la ayuda.

¡Alto a la guerra genocida!
¡Fuera paramilitares de Chiapas!
¡Nunca más desplazamientos forzados!

Nodo Solidale (México)

LINK Acción Urgente Frayba:

https://frayba.org.mx/alto-al-fuego-urgen-organizaciones-ante-emergencia-humanitaria/